Analogías: "Los salarios fueron la variable de ajuste y llevan dos períodos consecutivos de caída real"

Compartir en:
La Consultora presentó un informe de coyuntura económica de la Provincia de Buenos Aires en Julio, analizando distintas variables macroeconómicas, relacionadas con la inversión en obra pública, el nivel de actividad y empleo, el nivel de salarios y las cuentas públicas, entre otras.

 

En el marco de los avatares de la economía nacional, jaqueada por la corrida cambiaria y el acuerdo con el FMI (que anticipa un ajuste superior del gasto público), la gestión de María Eugenia Vidal sufrió un revés en su estrategia de recorte salarial.

Con la publicación de los datos preliminares de ejecución del año 2017, resulta evidente que   los gastos en personal fueron la variable de ajuste del año pasado, ya que acumularon dos períodos consecutivos de caída real. El propósito de la administración bonaerense para 2018 era mantener inamovible la propuesta de un incremento salarial de 15% en un marco donde la inflación será, como mínimo, el doble. Pero no será posible dado el fallo de la Corte Suprema provincial a favor de los docentes bonaerenses, que obliga al gobierno a activar la cláusula gatillo cada seis meses a fin de “resguardar el poder adquisitivo de los salarios”.

De respetarse esta sentencia, la provincia debería comenzar a erogar más de lo previsto para mejorar la situación de los docentes de la provincia. Esta situación se enmarca en un contexto donde el motor de la recaudación provincial (ingresos brutos) muestra variaciones reales negativas respecto de 2017, situación que se agravará con el correr de la crisis desatada desde mayo. Los automotores y sellos tampoco enriquecerán las arcas provinciales lo suficiente, a juzgar por las últimas tendencias contractivas en las ventas de esos sectores, y no puede esperarse que el inmobiliario (que gracias al revalúo sigue siendo el más dinámico) revierta esta tendencia.

La paritaria inamovible del 15% es consistente con el presupuesto 2018, que establecía un incremento de los gastos primarios (corrientes y de capital) del 13,3% respecto de 2017.

Actualmente, se descuenta que la inflación del año, como mínimo, alcanzará el 27% (en el escenario  recalculado  por  el  gobierno  nacional),  pero   podría   superar   el   32%. Con los datos del presupuesto, las variaciones reales (descontando la inflación) de los gastos serán negativas, con excepción de los intereses de deuda y del (consecuente) déficit financiero (cuadro 1). En esta cuenta no están estipulados los 41.000 millones adicionales que debería recibir la provincia en concepto de compensaciones y nueva coparticipación, que podrían transformar ese déficit en superávit. Sin embargo, como se menciona más adelante, el incremento en el pago de intereses por efecto de la devaluación anticipa un escenario de déficit agravado.

Así las cosas, si se activara la cláusula gatillo con un ajuste del 27% respecto de lo gastado en 2017, la diferencia entre lo presupuestado en personal en educación y cultura para 2018 y lo que la cláusula implicaría,oscilaría entre unos 15 y 17.000 millones de pesos. Habida cuenta de que ha transcurrido medio año y la cláusula se efectivizaría con rezago, probablemente la brecha entre lo presupuestado y lo que podría ejecutarse en este rubro se ubicaría en unos 8.000 millones. En cualquier caso, de no mediar alguna compensación, el salario docente y público en general en la provincia, caerá significativamente, mucho más de lo que lo hizo en 2016.

Ante el agravamiento de la situación de los asalariados, la administración provincial anunció recientemente el pago anticipado del medio aguinaldo, el aumento de la jubilación mínima y de las asignaciones familiares (modificando asimismo sus tramos y topes). En el caso de la jubilación, el incremento asciende al 23%, en tanto que las asignaciones familiares lo harán un 21,8%, cifras que no lograrían compensar los efectos de la inflación.

Repasando lo ocurrido en 2017, se observa que los gastos más dinámicos fueron de capital (obra pública, con un incremento de 24% interanual real) e intereses de deuda (15% interanual real). Respecto de estos últimos, lo notable es que en 2017 aumentaron las deudas en moneda extranjera y cayeron, en términos reales, las contraídas en pesos. La provincia, otrora deficitaria pero no expuesta a los mercados externos, ha ingresado en una peligrosa pendiente: en 2018 el peso de los intereses del deuda crecerá significativamente por la devaluación (49% desde enero a la fecha), lo que eleva considerablemente el potencial déficit provincial.

En cuanto a los gastos de capital, ya se ha dicho que la obra pública ejecutada por el sector público ha dejado de ser el motor de la economía para 2018, en cambio se apuesta al modelo de Participación Público Privada, es decir un mecanismo de otorgamiento de licitaciones que serán autofinanciadas por las firmas privadas ganadoras, para recibir luego de avanzada la obra los fondos públicos. Con este proceso, mejora la cuenta de ahorro-inversión-financiamiento del sector público en el corto plazo, porque no eroga inmediatamente los montos licitados, aunque lo hará luego con intereses cuando la obra haya progresado o finalizado (generando mayores costos a largo plazo).

El problema de esta política es que en países como España e Inglaterra ha servido para crear firmas fantasmas para obtener las obras y, cuando las empresas quebraron, el Estado debió absorber los costos de finalización de obra, con mayores gastos que los inicialmente presupuestados. En el mes de junio se otorgaron las primeras licitaciones, correspondientes a corredores viales.