Conceder, estatizar, monopolizar

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Nota de opinión de Alejandro Marcó del Pont.

 

El porvenir proyecta, en apariencia, un panorama complicado. Quiebras de empresas, desempleo masivo, retracción de ventas, elementos de una crisis económica que componen la descripción de un sombrío paisaje mundial.

Quienes tengan más capital se adueñaran de las empresas en problemas, presas fáciles en esta coyuntura de monopolios y otras variedades de oportunistas. ¿Nos encaminamos a una era de una mayor concentración? Si esto es así, ¿cuáles son las opciones? Venderle las cadenas de producción a empresas extranjeras o grandes grupos locales, asistir desde el Estado con fondos para que las empresas resistan, estatizarlas, participar en ellas, declarar sectores o empresas de interés estratégico?   

El FMI es conocido por proyectar esperanza en los más desdichados momentos, y tristemente célebre por la inexactitud de sus perspectivas; sin embargo, su acostumbrado panorama conservador parece en estos momentos excesivo hasta para ellos mismos. Los indicadores son tan abrumadores que lo desbordan, lo obliga a omitir sus tradicionales políticas de corte ortodoxo por alternativas tan impensadas como avanzar con estatizaciones de empresas estratégicas para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

El modelo de estatizar no es de un grupo político, sino del FMI. Esta idea está siendo mediáticamente combatida en Latinoamérica, y en Argentina en especial, tratando de no difundirla ya que Italia la ejecutó, Francia la anuncia y Alemania emprendió el camino sin otra alternativa: la participación estatal se perfila como la última salida para empresas que están al borde del colapso debido a la crisis del coronavirus.

Como dice Mónica Peralta Ramos en su artículo “Pandemia y Relaciones de Fuerza”, “los sectores que concentran el poder aprovechan la pandemia para marcar aceleradamente el territorio de lo que vendrá. Saben lo que arriesgan si no actúan y se apuran a reproducir sus intereses en escala ampliada…” Por eso, el viernes 22 de mayo, tras colosales esfuerzos, llegó el día espeluznante tantas veces anunciado del default argentino, con la materialización de los fantasmas. La fecha terminó siendo, como bien expuso Mariano Kestelboim, “El extraño caso de un “default” que revalorizó los activos argentinos”, donde el riesgo país y el dólar bajaron, mientras que las empresas que cotizan en Wall Street fueron ‘castigadas’ con aumentos por encima del 5%, una creativa forma de sanción ante la cesación de pagos.

Para dejar clara la idea de futuro que nos espera, y las batalla por venir, la Reserva Federal actuó sobre la cotización de las acciones del S&P 500, las quinientas mayores empresas americanas. Cinco de ellas, las denominadas GAFAM (Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon), crecieron su valor entre un 38% y 80% desde principio de año, mientras que la mayoría de las empresas del panel general cayeron por encima del 15%. ¿Será por eso que BlackRock concuerda en negociar con la Argentina su deuda?

Tanto Peralta Ramos como Tyler Durden, en su artículo La Reserva Federal es ahora el orgulloso propietario de los bonos en quiebra de Hertz, coinciden en que BlackRock es propietario del 35% de bonos basura, que ellos mismo le hicieron comprar a la Reserva Federal, los llamados “ángeles caídos”, y de otros ETF (Exchange-Traded Fund) y bonos de economías emergentes al borde del default. Argentina, en este caso, sería una especie de paravalancha para no dar el puntapié inicial de las fichas de dominó de la cesación de pagos que vendrá, tanto de acciones privadas y bonos de emergentes, que, al parecer, el país no está sacándoles el debido provecho.

Según la Ejecución Presupuestaria abril del 2020, Argentina tendría un déficit de entre U$S 11.000 y 15.000 millones a fin de año, sin el pago de deuda, por supuesto. De hecho, esta diferencia está cimentada en la ausencia de intereses que justifica el razonamiento del acuerdo de deuda sin dicha carga, vedado para la argentina dado sus ingresos fiscales y sus gastos.

Ya quedó establecido el marco general: una lógica de déficit, el arreglo de la deuda, los gastos y potenciales cesaciones de pagos que cierren el cuadro. Volvamos, entonces, al inicio de esta discusión, que tiene que ver con el gasto y la lógica gubernamental ante la caída de la producción, el empleo y la necesidad de mantener el aparato productivo medianamente ordenado para reorganizar y focalizar la actividad productiva.

La incertidumbre de la duración de la pandemia es la que marca la lógica de la intervención estatal. Si esta es prolongada, las políticas aplicadas por algunos gobiernos de mantener el ingreso, quizás no puedan rescatar la demanda ni reanimar la cadena de suministros con políticas keynesianas, y el Estado tendría que afrontar la producción en algunos sectores, sobre todo sanitarios y de trabajos esenciales.

Aquí comienza la polémica, no solo de qué hacer en una economía del colapso, sino de la propia interpretación de la economía. Es decir, el rumbo que le demos a la economía depende de la interpretación que tengamos de ella. Lo que necesitamos es una mentalidad económica diferente, esa es una de las propuestas. Tendemos a pensar en la economía como la forma en que compramos y vendemos cosas, y no la forma en que tomamos nuestros recursos y los convertimos en las cosas que necesitamos para vivir. Visto de esta última manera, podemos comenzar a ver más oportunidades para vivir de manera diferente que nos permitan producir menos cosas sin aumentar la miseria.

Esta última mirada no sigue la lógica del debate, la de ceder las cadenas de producción a las grandes compañías que aumentarán de manera desmedida el desempleo, ya que su lógica simple es la maximización de beneficios o la reducción de costos en una economía colapsada. Las empresas están para obtener ganancias, si no venden, no ganan, si no ganan no contratan. Por eso, si el Estado toma la posta de una economía más lenta, y no para aumentar el PBI sino para mantener la producción de manera más pausada, una especie de anti-productividad, podría retener a la gente en su trabajo produciendo menos productos en más tiempo, o lo que, en otra época, era una jornada laboral menor durante la semana.

Lo cierto es que todas estas ideas de afianzar los ingresos con el pago de salarios por parte del Estado, o evitar el cierre de la empresas con la idea de mantener la estructura productiva con facilidades de crédito, dieron lugar a conjeturas de asociación estatal, participación y hasta estatización de las empresas, que ante la imposibilidad de mantener la nómina salarial y la devolución de créditos, podrían cerrar sus puertas, aumentar el desempleo, en sectores que el Estado considere centrales para la economía.

Para dar un ejemplo de este debate ideológico, la Unión Industrial Argentina le transmitió directamente al ministro de la Producción, Matías Kulfas, queno están conformes con los requisitos que la AFIP exige a cambio de recibirla. Por ejemplo, no distribuir utilidades, no comprar dólares mediante operaciones con acciones y no hacer transferencias a socios relacionados con paraísos fiscales. Los empresarios preferirían en cambio una alternativa más flexible.

Como queda expresado, el establishment solo quiere al Estado para que pueda seguir manteniendo sus beneficios, pagando sus cuentas o perdonándole impuestos, cuando puede ser partícipe dentro de una matriz productiva considerada con otro fin, como mantener empleos o intervenir, ser rector o regulador de determinados sectores (nacionalizar Vicentin) y participar en el sector externo generador de divisas o en redireccionar el sector financiera para la producción. La estatización es un ataque a las libertades si no viene de la mano del FMI para salvar empresas de su conveniencia.

Hay un punto a favor de ciertos sectores que creen que el gobierno no los alertó sobre la posibilidad de participar en sus empresas, en caso que resultaran fallidas, o ángeles caídos, como dicen los americanos. Esta idea es fácilmente subsanable, notificando que a partir de las nuevas ayudas, en caso de incumplimiento en la devolución del crédito o la reducción de la nómina salarial, el Estado participará accionariamente en la empresa.

Es dable destacar que el propio Estado tendrá que tener un norte productivo para saber qué sector puede convertirse en protegido, ya sea por su importancia, o por que lo caracterizó como sector estratégico para el desarrollo y la seguridad nacionales, conceptos inexistente en la planificación estatal. Aun así, los desafíos de las políticas públicas para tratar de mantener un desarrollo armónico, y no la concentración despiadada que el neoliberalismo ha ejercido, y que hoy tiene otra oportunidad para expandir, juegan de su parte, ante estas nuevas miradas económicas-sociales, de una mejor vida.