En eterna posición zugzwang

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Nota de opinión por Gonzalo Barrientos, especial para Post Político

 

Otra vez un 13 de abril vuelve a poner en un mismo campo semántico a Cristina Fernández de Kirchner y al Poder Judicial. Tal vez la superstición del número 13, tal vez la casualidad y no la causa. Tal vez lo simbólico, lo significante, siempre bien aplicado por la mayor dirigente que tuvo el campo popular desde la vuelta de la democracia.

El 13 de abril de 2016 el Poder Judicial se sumaba a la complicidad del “lawfare” cuando llamó a la ex presidenta a declarar en Comodoro Py sobre causas inventadas conjuntamente por el oficialismo de ese entonces y los medios de comunicación hegemónicos. El “lawfare” se constituía como tal a partir de dicha fecha ya que la demonización de un proyecto político y de sus dirigentes (como lo denominó Cristina Fernández de Kirchner) sumaba el componente judicial, hasta entonces marginal, necesario para denominar “lawfare” a la criminalización de un proyecto político.

Vaya que salió el tiro por la culata! El gobierno anterior abusó tanto de las causas armadas contra la ex presidenta con el fin de derrotarla políticamente que como decíamos cuando niños “si se pasa.. vuelve”. Hoy Cristina Fernández de Kirchner, tras un 48% de los votos, es electa vicepresidenta de la Nación, por ende presidenta de la Cámara de Senadores.

Desde ese lugar, exactamente cuatro años más tarde, llama a las puertas del Poder Judicial con un pedido explícito que trae aparejado grosso contenido implícito. Además de recordarles que el método “lawfare” les falló, demuestra ser una respetuosa de las instituciones y no una “avasalladora de la república”.

A través de Asuntos Jurídicos del Senado, a cargo de Graciana Peñafort, pidió a la Corte Suprema una “declaración de certeza de constitucionalidad”, la cual equivale a un aval legal para sesionar en ambas Cámaras de manera virtual y evitar que una vez promulgadas las leyes se declaren inconstitucionales por la formas en las que se trabajó. El interés de sesionar en estos momentos es producto de un proyecto del FdT para gravar sobre la riqueza por única vez para paliar los recursos que requiere afrontar la crisis provocada por el COVID-19, pero lo referido a materia impositiva no puede ser legislado por DNU presidencial. En lo que respecta al proyecto, este afectaría sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza, es decir al 1% de la población argentina.

Si la CSJN niega la posibilidad de sesionar al Poder Legislativo, se mostrará ante la sociedad como aliada y escudo protector de los intereses económicos. En caso de habilitar la actividad parlamentaria, pone en riesgo los intereses de su principal socio. Lo cual puede ser entendido como apoyo político al oficialismo, por ende zanjará cierta distancia entre jueces y el capital.

Si bien la segunda minoría de la Cámara baja está conformada por 116 diputados que conforman el bloque de JxC y pueden bloquear el quórum algo que el oficialismo demostró dificultad de lograr anteriormente, pueden encontrar colaboración en bloques opositores pequeños que responden a provincias y llegar a los 129 presentes que requiere una sesión para ser legal. Además, según la Constitución, todo tributo debe ser coparticipable, lo cual genera incentivos para dar visto bueno por parte de los gobernadores. Una vez lograda la media sanción en Diputados será cuestión de horas para obtener la sanción de la Cámara revisora: el PJ/FpV/UC/FdT posee 41 miembros de los 72 totales, es decir que cuenta con mayoría absoluta en el Senado.

Está en la CSJN (5 personas) decidir si se someterá ante la crítica social por prohibir la posibilidad de obtener recursos para afrontar la actual crisis sanitaria-económica. También está en ella decidir si pone en riesgo los beneficios de los más ricos ante un Congreso donde reina la incertidumbre, donde los grupos económicos poseen apoyo parcial. Lo único seguro es que todas las opciones incomodan al Poder Judicial.

Empero, en caso de activar al Congreso, el proyecto deberá esquivar varios obstáculos: poder modificar, con apoyo de la oposición, los reglamentos de ambas Cámaras para poder sesionar virtualmente; que no se enmendado en comisión y, por último, ser aprobados tras una intensa negociación, también conocida como rosca política, entre los diversos actores.

“La posición zugzwang es en ajedrez aquella en que se pierde por estar obligado a jugar. Se pierde, porque cualquier movida que uno haga es mala. Se pierde porque uno no puede, como en el póquer, decir paso y dejar que juegue el otro. Se pierde por..”

Por jugar motivados mediante el lawfare, perdieron políticamente. Por tener que jugar, a partir de la iniciativa de la vicepresidenta, república y constitucionalmente, también perdieron. El Poder Judicial se encuentra, hace 4 años, en una verdadera posición “zugzwang”.