Piden implementación de la SUBE para personas con discapacidad

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El Defensor del Pueblo de la Nación recomendó al Ministro de Transporte de la Nación y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que articulen las medidas para implementar, a la brevedad, el uso de tarjetas SUBE para Personas con Discapacidad.

 

De esta manera los titulares de las mismas puedan contar con el registro de los viajes que realizan por transporte público de pasajeros.

Un particular, que cuenta con Certificado de Discapacidad, realizó presentaciones ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y ante la empresa Nación Servicios a cargo de la Administración y Gestión del Sistema Único de Boleto Electrónico – SUBE, solicitando la emisión de una tarjeta en la que queden registrados los viajes que realiza por transporte público de pasajeros (subtes, trenes y colectivos).

Consideró necesaria esta presentación ya que para viajar sólo se exige la presentación de un Certificado de Discapacidad y en el caso de que se vea involucrado en un siniestro o llegase a necesitar un justificativo por exigencias laborales u otra eventualidad, no cuenta con una constancia o registro que les permita justificar su condición de pasajero.

A su vez, puso en conocimiento de esta situación a la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que intervenga en caso de ser necesario.

El Defensor del Pueblo considera que para lograr la inclusión de las personas con discapacidad es indispensable un enfoque basado en Derechos Humanos. Sobre este aspecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve políticas inclusivas.

Cabe señalar, que la implementación de estas tarjetas aseguraría el cumplimiento del concepto de "accesibilidad universal" a los medios de transporte público, porque igualaría a todos los usuarios en el medio de acceso, evitando además tener que mostrarle al conductor la documentación que acredite "discapacidad" y las posibles discusiones que a veces se generan.

Resulta evidente la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, que a diario utilizan los servicios de transporte público de pasajeros, por lo que es una obligación ineludible del Estado Nacional brindar protección integral a este colectivo de personas.