Stolbizer pidió que se investigue los despidos en el INTI

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La líder del partido Gen, Margarita Stolbizer, presentó un escrito ante la procuración de Investigaciones Administrativas para que se investigue la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

 

"Acompañamos a los trabajadores y advertimos que, por detrás del conflicto social, existe un intento de vaciamiento del estado y el ocultamiento de contrataciones poco transparentes que deben ser investigadas” aseguró la ex candidata a senadora, manifestando así su preocupación por la situación que se está viviendo con los despidos en el Instituto.

Stolbizer trazó un paralelismo entre la gestión del gobierno actual con el anterior ya que “La política de persecución de los empleados públicos durante el kirchnerismo estaba motivada por un sistema de complicidades que expulsaba a quienes resistían convalidarlo. Hoy existe algo parecido: los despidos en el INTI también tienen como destinatarios a trabajadores que formulan observaciones y ponen límites a la contratación de obras privadas en las que se observan irregularidades, favoritismos y sobreprecios”.

“Esas conductas podrían constituir delitos que deben ser investigados, y por eso nos presentamos ante la Fiscalía con competencia en delitos complejos, para que determinen ellos el encuadramiento que corresponda" afirmó la ex diputada, situaciones que la llevaron a presentar la denuncia solicitando se investiguen una serie de irregularidades detectadas en el INTI a partir de la nueva gestión que encabeza Javier Ibañez.

Según Margarita Stolbizer “hubo una serie de decisiones y medidas adoptadas por los funcionarios del INTI, que podrían configurarse en el título de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal”. A su vez, adhirió que ”En la mayoría de las contrataciones mencionadas es posible advertir pago de adicionales a las empresas sin suficiente justificación, sobreprecios en los costos, puesta en funcionamiento de oficinas paralelas para favorecer a las empresas contratantes, diferencias en las mediciones realizadas en las obras por los inspectores y los certificados abonados a las empresas”

Ya en el cierre la ex diputada concluyó: "Estas decisiones implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho, investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración”