Tarifas: un debate sobre la reproducción de la vida

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Columna de opinión y análisis sobre el tarifazo del gobierno. Por Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, referente del PJ platense e integrante del CEG.

 

¿Qué es el contractualismo? Fácil, se supone que varones y mujeres supimos vivir (o podríamos hacerlo) en estado de naturaleza. En concreto, anduvimos (o podríamos hacerlo) con garrotes, tratando de garantizar nuestra vida, y la satisfacción de nuestras necesidades a instancias de la utilización de la fuerza. Dado que es casi imposible desarrollar una rutina pensando que nuestros compañeros de trabajo nos pueden dar una piña para hacerse de nuestro termo, o que la búsqueda de un lugar de estacionamiento podría redundar en una batalla campal a muerte, se supone que en algún momento firmamos un contrato.

Bueno, no es que lo firmamos en una escribanía. En un punto, convenimos ceder parte de nuestra libertad (incluso esa libertad potencial de usar la fuerza contra las y los otros), al Estado. Así, esta entidad (epifenómeno) tiene el monopolio del uso de la fuerza, siempre que sea, además, legítima, proporcional y, sobre todo, legal. Además, es mandatario en lo que concierne a administrar justicia.

Frente a esto, se estarán preguntando... ¿Qué corno tiene que ver con las tarifas de servicios esenciales? Bien, sucede que el Estado, como detenta ciertas atribuciones, requiere de normas para hacerlas efectivas, para fijar incumbencias, para funcionar sin caer en arbitrariedades. Dichas normas, encuentran su germen y su finalidad en la letra de la Constitución. Desde 1994, el texto constitucional incorporó los Tratados Internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos (artículo 75 inciso 22). Ellos son, por tanto, las normas que nos rigen, y los términos en que podemos exigir al Estado el cumplimiento de obligaciones que solito asumió, es decir, que asumimos.

El respeto por la vida es una de ellas. Pero no la vida así, vegetal, sino la vida digna. Esto último debe observarse al momento de fijar las metas presupuestarias relativas al diseño e implementación de políticas públicas. Los servicios esenciales: agua, electricidad, gas, constituyen además el núcleo de otro derecho fundamental, que es el acceso a la vivienda (artículo 14 Bis de la Constitución). Aquí se aprecia una dimensión crucial de los Derechos Humanos, la interdependencia. Invito a cualquiera a intentar garantizar su propia vida sin techo, a la intemperie, o debajo de un puente. Es difícil o, mejor, imposible.

Lo dicho nos debe llevar a otro debate. La guita. Sí, ésta no brota de la oreja de una cabra. Es un recurso limitado. Nuestros representantes deben administrar, por definición, recursos escasos frente a demandas que tienden al infinito. Sin embargo, aún concediendo en lo que podría denominarse el síndrome de la frazada corta, debemos ser muy cautelosos a la hora de argumentar. Es decir, no basta con decir que no alcanza. Toda decisión implica una toma de postura, alguien que gana y otros que pierden. Sin tanta vuelta, las empresas siempre dirán que pueden obtener mayores márgenes de rentabilidad, y el Estado siempre puede aducir que subiendo las tarifas puede reducir el déficit. Sucede que la profundización de esa línea nos puede llevar a asumir que la República Argentina sería económicamente viable con veinte o veinticinco millones de personas. Y allí es donde el Estado se desnaturaliza.

Somos los que somos. Tenemos derecho a una vida digna. Los servicios esenciales son un vehículo idóneo para garantizarla. El Estado está obligado a hacerlo. Decir que no alcanza no es una justificación válida. La dimensión económica no vale más que la jurídica.  Las y los dirigentes y funcionarios/as, deben dar explicaciones al momento de priorizar una sobre la otra, y agotar todas las vías posibles al momento de fundamentar la inexistencia de salidas alternativas. Además, la posibilidad ciudadana de auditar las decisiones de nuestros/as representantes es también, ese poder residual que nos queda a quienes contratamos. Lo que hemos vivido en los últimos años en materia tarifaria carece de razonabilidad, que es la clave de bóveda para entender y tomar decisiones sobre el tema.

Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, dio cuenta en una nota del 7 de abril de 2018 en Clarín, de la situación de estrés tarifario que vive la clase media, circunstancia que implicó la erosión del poder de compra de los hogares que, según estimaciones, han pasado a disponer un 5,8% de su presupuesto al pago de gas y electricidad, lo que redujo en un 3.3% el ingreso disponible en bolsillo para las familias que no pueden acceder a la tarifa social.

Así, lejos de apreciarse una mejoría en la calidad de vida, se observa una retracción. Eso no es compatible con la obligación del Estado de garantizar los derechos en forma progresiva (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Frente a ello, el Estado se desdibuja. Si no atiende a esas necesidades, si deja de tener en cuenta la realidad cotidiana de millones de personas, pues entonces no está cumpliendo el fin por el que hemos pactado. Y allí, casi como un resultado ineludible, el estado de naturaleza emerge como una posibilidad latente...

El Estado debe asumir que la cuestión tarifas no puede reducirse a un debate económico/financiero. Es, también, un posicionamiento en torno a la reproducción de la vida. Si fijamos ese norte como consenso, podremos avanzar en una salida justa, que nos fortalezca socialmente, y que evite circunstancias que nos degradan a un sálvese quien pueda, a un país precontractual.