Comunicación disidente es justicia social


Por Cristian Payalef | Ilustración Agustina Fimiani

Si bien en los últimos años el colectivo LGBTIQ+ ha logrado expandir sus horizontes políticos con nuevos derechos y garantías que los respaldan, todavía transitar las calles sigue siendo un desafío constante para las disidencias. Las diferentes violencias a las que somos sometides por nuestra identidad sexual constituyen una problemática que no deja de ser preocupante. Los asesinatos, las agresiones y la discriminación aún forman parte del día, tanto en nuestro país como en distintos lugares del mundo.

En lo que va del año 2020, se registraron solo en Argentina más de 100 episodios violentos hacia personas del colectivo, según arrojan las cifras publicadas por el Observatorio MuMaLa “Mujeres, disidencias, derechos”. Estos números nos ponen en alerta y evidencian una deuda latente de la sociedad con este sector históricamente vulnerado.

En los últimos años, numerosos casos comenzaron a poner en agenda esta situación y a evidenciar cómo el sistema cisheteropatriarcal aún sigue operando y reprimiendo fuertemente sobre identidades sexuales diversas.

A finales del 2019 en la ciudad de La Plata, el crimen de “La Chicho” Chirinos Etcheverry, asesinada en la calle de 16 puñaladas, enlutó nuevamente al ambiente diverso. Si bien este trágico episodio podría haber sido un nombre más perdido en los diarios, fue justamente la cobertura mediática del caso lo que puso en discusión otra cuestión que debemos problematizar.

Diversos medios gráficos y digitales de alcance local, regional y nacional que se hicieron eco de la noticia, abordaron el hecho completamente despojados de una perspectiva de género y desconociendo la identidad no binaria de la víctima, caratulando el caso como un homicidio, algo que ya para el año pasado era inaceptable.

Los títulos de las publicaciones analizadas son por demás elocuentes. El diario Clarín reza en su nota: “Brutal asesinato de un hombre en La Plata”. Diario Popular e Infobae también hablan de la víctima en masculino. Solo una nota posterior del portal Infobae y otra de la Agencia Presentes, especializada en temáticas disidentes, hacen referencia al asesinato como un “travesticidio” y “crimen de odio”. De cinco publicaciones visitadas, solo dos reconocen la identidad de género de la víctima, lo cual muestra una falta de conocimiento o desinterés de ciertos medios hacia las cuestiones que atañen a la agenda de género y diversidad sexual. 

Es necesario reflexionar sobre cómo estos temas son incluidos dentro de la agenda mediática, cayendo siempre en estereotipos, discursos peyorativos y/o estigmatizantes hacia las disidencias y minorías sexuales que sólo terminan por reproducir o reforzar ciertas construcciones arcaicas que someten a un colectivo.

Si bien en materia de Derechos Humanos se ha logrado avanzar con nuevas legislaciones que respaldan a estos colectivos, existe aún en los medios tradicionales una resistencia muy fuerte para dar lugar a los nuevos derechos conquistados. La Ley de Identidad de Género promulgada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, representó un nuevo paradigma para las disidencias, entendiendo a la democracia como un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad humana. Hay una desvalorización sistemática de las cuestiones relacionadas con género y sexualidades que tienen lugar en los medios. Esta imposibilidad de ciertos medios de comunicación masivos a la hora de construir un discurso inclusivo acorde al avance de la sociedad en materia de derechos humanos, implica desconocer los grandes avances de la comunidad LGBTIQ+ reconvertida en una nueva figura social más activa y presente en luchas políticas actuales.