Ley de Tierras: la Corte Suprema y la soberanía en juego
Por Jerónimo Guerrero Iraola
En estos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos una decisión de enorme trascendencia. No se trata de un expediente más ni de una discusión técnica. Lo que está en juego es la soberanía sobre nuestras tierras, sobre nuestros ríos, sobre el futuro de la Nación.
El DNU 70/23 del presidente Milei pretendió derogar la Ley de Tierras, que desde 2011 fijó límites claros a la extranjerización de nuestro territorio y a la entrega de recursos estratégicos como el agua dulce. A través de su artículo 154, ese decreto quiso borrar de un plumazo una norma votada por el Congreso y de orden público, cuya razón de ser es proteger la integridad territorial.
La Justicia Federal ya nos dio la razón. Reconoció nuestra legitimación como Centro de Ex Combatientes de Malvinas para plantear un amparo colectivo que pusiera freno a la entrega. Señaló que la soberanía nacional es un bien indivisible, que no puede defenderse por partes, y que organismos como el nuestro —que lleva más de cuarenta años sosteniendo la memoria de la guerra y la lucha por la integridad territorial— somos un actor adecuado para encarar esta defensa común.
En definitiva, logramos poner un límite a la entrega de nuestra Patria.
La medida cautelar dictada en 2024 suspendió la vigencia del artículo 154 del DNU. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata fue contundente: la soberanía es un bien colectivo que pertenece a todo el pueblo argentino y, por eso, no puede estar atada a la voluntad discrecional de un gobierno de turno ni a la voracidad de intereses extranjeros.
Hoy la Corte debe decidir si ese freno se mantiene o si, por el contrario, se habilita la extranjerización de la tierra. Debe hacerlo en un contexto donde vemos cómo desde el poder político se despliega un plan sistemático de entrega de soberanía. No hablamos sólo de discursos provocadores. Hablamos de decisiones concretas: desguace de regulaciones, destrucción de capacidades estatales, apertura indiscriminada de mercados, abandono de políticas de defensa territorial.
Desde el CECIM decimos con claridad: nuestra historia nos obliga. Somos un organismo de derechos humanos integrado por exsoldados conscriptos de Malvinas. Muchos de nuestros compañeros perdieron la vida en 1982 a manos de una potencia imperial. Otros la dejaron después, frente al silencio estatal en la posguerra. Nuestra razón de ser es mantener viva la causa de la soberanía.
El desafío de este siglo es aún más complejo. El mundo entero se prepara para las guerras por el agua, por los alimentos, por la energía. Argentina tiene en su suelo y en sus ríos una riqueza que despierta el apetito de potencias y corporaciones. Defender la Ley de Tierras es defender el derecho de las generaciones futuras a decidir su destino. Por eso advertimos: la Corte no sólo dirime una cuestión jurídica. Está llamada a decidir si avala la entrega o si protege la Constitución y la soberanía del pueblo argentino. Su resolución marcará un rumbo histórico.
El CECIM seguirá alzando la voz. No se trata de un artículo ni de un decreto. Se trata de la Patria. Y cuando la Patria está en peligro, callar no es una opción.