Preocupación del ministerio de Salud bonaerense y derivaciones de urgencia por la suspensión del servicio de anestesia en el interior de la provincia


Un paro de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia en Azul y Las Flores generó una situación crítica y muy peligrosa: un traslado urgente de un paciente de 9 años por la falta del servicio y pedidos excepcionales para operar a una nena que tenía una cirugía programada y para hacer una cesárea.

Los hospitales Argentina Diego de Azul y Zonal General de Las Flores se quedaron sin servicio de anestesiología por un reclamo de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia de Buenos Aires (AACPBA). El motivo radica en una medida de fuerza de uno de los sectores más privilegiados del sistema sanitario que pretende cobrar aún más. 

Por tal motivo, el día 22 de diciembre, las autoridades de la Región Sanitaria IX derivaron a Olavarría a un paciente de 9 años con diagnóstico de fractura de cúbito, que requería resolución bajo medicación anestésica. Para el traslado, se contó con la colaboración del hospital municipal Domingo Cura. 

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense confirmaron que “se mantiene un diálogo abierto y continuo con todas las asociaciones de anestesiólogos para atender todo tipo de reclamos y, en la mayoría de los casos, se avanzó en un Convenio de cara al 2021 sin afectar un servicio tan esencial”. A su vez aclararon que “en el caso de la AACPBA, la posición es inflexible y se llegó a este extremo tan peligroso para la salud de la población en un contexto crítico, signado por la pandemia. Mediante un correo electrónico suscripto por el Dr. Jorge Pedro, en su carácter de Presidente de esa Asociación, rechazaron la propuesta del Ministerio y se decretó el paro. La AACPBA reclama un aumento del 35% (sólo en el primer semestre), reducir los módulos de prestación a 3horas y definir con su propio criterio cuáles son las prácticas de alta complejidad que traen aparejado un incremento del 50%”.

Respecto de este pedido, desde la cartera sanitaria provincial aclararon que “defendemos el derecho de los y las profesionales de la salud a exigir mejoras salariales, y no se niega el derecho constitucional de realizar medidas de fuerza y renegociar los contratos laborales. No obstante, se está trabajando para resolver cada demanda luego de los 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal, que pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores/as en un contexto de tarifazos e inflación descontrolada”.

Una situación extrema e inentendible

Un segundo caso crítico en el derivó la agresiva medida de fuerza tiene como protagonista a una niña que tenía programada una traqueotomía para el día 22 de este mes y cuyo el traslado no era posible por su condición. Ante esta situación extrema, la dirección del hospital de Azul se comunicó con el presidente del AACPBA, quien luego de evaluar la nota remitida dispuso que, a modo excepcional, concurra un profesional a realizar dicha práctica. Todavía queda pendiente la respuesta de la Asociación para realizar hoy una cesárea de urgencia en una paciente de Azul.

El titular del PAMI regional, Nelson Sombra, sostuvo que la posición de los anestesiólogos es “una actitud corporativa e inhumana por parte de 5 personas que cobran 300 mil pesos y comprometen la salud de toda la población”. Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, agregó que “hay una cuestión de ética profesional” y la decisión es “crítica e irrespetuosa”. 

Por último, y teniendo en cuenta el carácter monopólico de la prestación en la provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre del corriente, el ministerio provincial remitió la Carta Documento 990445623 en la que se deja constancia que “toda vez que la interrupción de la prestación del servicio de anestesia, analgesia y reanimación impide el normal funcionamiento de los quirófanos de los hospitales comprendidos el ámbito territorial de actuación de la Asociación de referencia, vulnerando gravemente el derecho a la vida y la salud de las y los bonaerenses, máxime cuando esta Cartera de Estado se encuentra llevando adelante los procedimientos necesarios para la contratación directa con esa parte, se la INTIMA a continuar con la prestación de los servicios contratados, bajo apercibimiento de iniciar las acciones contencioso administrativas tendientes a asegurar su cumplimiento y formular denuncias penales por la eventual comisión del delito de Abandono de personas. Artículo 106 del Código Penal de la Nación”.