Tarde pero seguro: la provincia adhirió a la ley de parto humanizado


El 7 de octubre, hace menos de una semana, se publicó en el boletín oficial la adhesión de la provincia de Buenos Aires a una ley nacional que cumplió 16 años.

Por Belén Castrillo[*]

Las ciencias sociales han abordado las incongruencias entre los tiempos sociales y los tiempos legales: a veces las leyes llegan antes de que la sociedad esté preparada, como se ha sostenido para las que establecen los derechos vinculados a la identidad de género y el matrimonio igualitario, y a veces llegan tarde, de hecho, nacen como demandas de la sociedad civil. Este es el caso de la ley de parto humanizado, que se trató en el congreso nacional entre 2003 y 2004, a partir de la unión entre un proyecto de la ONG “Dando a Luz”, activista histórica en la causa, y un proyecto del Ejecutivo Nacional, firmado por el presidente Kirchner y el entonces ministro de salud, Ginés González García.

En septiembre de 2004, se sancionó la resultante Ley 25.929, “de Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, cuyo nombre hoy día resulta paradójico porque el uso del lenguaje nos invisibiliza completamente a las mujeres, principales beneficiadas por los derechos allí establecidos. Recién en 2015, la nación reglamentó la ley y los tiempos legislativos también fueron heterogéneos al interior del territorio nacional: en estos 16 años las distintas provincias argentinas fueron adhiriendo en distinto momento. En 2020, en contexto de pandemia, Buenos Aires, la provincia con mayor tasa de nacimientos y de derechos vulnerados, y mayor presencia de organizaciones activistas, continuaba –junto con otras dos provincias- sin adherir a una ley completamente necesaria.

En los últimos seis años, tuve la oportunidad de participar, como investigadora y como activista, de diversas reuniones, en las que las organizaciones que militamos por los derechos que establece la ley, teníamos que “convencer” a diversos/as legisladores/as sobre la importancia de formalizar estos derechos en una ley de adhesión. No lo logramos sino hasta este año, por lo que entendemos que son las vicisitudes del juego político que, evidentemente, colabora en la perpetuación de un modelo médico que violenta a cientos de mujeres y personas gestantes cada día en los hospitales y centros de salud bonaerenses. El Estado, con todos sus poderes, instituciones y niveles de gobierno, es responsable de garantizar el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos de la población. Probablemente no fue sino hasta la creación de un ministerio específico que atiende a las demandas de género, que se pudo adherir a esta ley. Tarde pero seguro.

En la cuarta sesión ordinaria del año, en septiembre pasado, el Senado Bonaerense concluyó el proceso de adhesión a la ley nacional de parto humanizado, sancionando la Ley provincial 15.188 que da cuenta de ello.  Los derechos establecidos se vinculan a desmedicalizar y despatologizar el proceso perinatal, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en 1985, que busca no solo garantizar partos y nacimientos respetuosos, sino revisar las prácticas obstétricas naturalizadas, con el propósito de no superar índices de 10% de cesáreas, 10% de episiotomías y 10% de inducciones en los nacimientos de bajo riesgo. En la práctica, la provincia de Buenos Aires reporta cerca de un 40% de cesáreas en la atención pública y un 85% en el sector privado. En suma, no solo se propone un cambio de concepción del proceso de parto sino también una modificación de su asistencia médica, estableciendo que los/as protagonistas son las mujeres y personas gestantes y los/as recién nacidos/as.

Derecho al acompañamiento durante todo el proceso de nacimiento, a la elección de la posición para parir, al libre movimiento y gestión del cuerpo para atravesar el proceso, a no ser separadas de su hijo/a al momento del nacimiento, a la información médica sobre la evolución del trabajo de parto, a la decisión informada sobre todas las intervenciones médicas a realizarse, a no ser objeto de estudio médico, y, en términos generales, al respeto de los tiempos fisiológicos de los cuerpos y procesos reproductivos, son los que listan esta ley de avanzada, copiada por otros países del globo. Asimismo, esta ley establece derechos de madres y padres durante la internación neonatológica de los/as recién nacidos/as. La provincia sumó, justamente por el tiempo pasado, un uso del lenguaje más inclusivo que la sancionada por el congreso nacional en 2004 y estableció cómo serán las capacitaciones a instituciones y profesionales que brinden asistencia obstétrica, en un trabajo conjunto entre ministerios.  

Para que los tiempos legales, lentos para el caso bonaerense, impacten en los tiempos sociales, se mencionó la formación de un plan estratégico entre el ministerio de género y el de salud articulados con organizaciones especializadas en la temática, para que el parto humanizado se garantice en todas las instituciones sanitarias de la provincia. Estamos a la espera. Mientras tanto, los derechos de las mujeres y personas gestantes, como hace décadas, siguen siendo monitorizados y defendidos por la alianza de organizaciones feministas que hermanadas y enredadas buscamos que los partos vuelvan a ser lo que son: eventos fisiológicos y sexuales, convertidos en eventos médicos hace solo cien años.


[*] Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología por la UNLP. Especialista en abordaje sociológico de la atención perinatal, derechos humanos y género.