Además de golpear jubilados Bullrich se ocupa de trasladar genocidas a cárceles vip
Por Las Brujas que Salem
Entre los beneficiados se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Jorge Radice y Antonio Pernías y otros que actuaron en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, como Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Angel Britos.
La iniciativa del gobierno se conoció porque el director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, envió la solicitud de autorización del traslado a los tribunales que tienen la ejecución de la pena de esos condenados, el Tribunal Oral Federal 2 y el TOF 5.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, Campo de Mayo volvió a utilizarse para alojar allí a detenidos por crímenes de lesa humanidad. Actualmente, son 54 los represores detenidos en la Unidad de Campo de Mayo, según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Al no encontrarse dentro de una unidad penitenciaria, los detenidos cuentan con un trato preferencial, en clara violación de normas internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que especifica que no se pueden admitir “privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales» a los acusados por estos delitos.
La explicación de la propia Bullrich es inocentemente operativa. Quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados, el que se hizo famoso por recibir las visitas de los diputados de la Libertad Avanza. La justificación que nadie cree se hace más inverosímil a medida que la intentan explicar más. En ese lugar quieren alojar mujeres, el lugar estaba superpoblado, etc, etc, etc.
En este traslado muy esperado por los represores ya se filtró la información de que Astiz, Cavallo y Pernías solicitaron celdas individuales
“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.
“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas”, afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz.
Por su parte Osvaldo Barros integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y que estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera aseguró:
“Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”
Según un informe de Luciana Bertoia para Página 12,la Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse.
“Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato”, dice la abogada Myriam Bregman.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación –durante la campaña– que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un «plenario» de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.
Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un «excelente colaborador».
En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.