Mil días de vigilia


Por Agustina Andrade | Ilustración Agustina Fimiani

Sin dudas, la última sesión de la Cámara de Diputadxs fue una jornada histórica que nos acerca mucho a ser parte de una sociedad más justa y más libre. Que ese viernes al calor de diciembre en la capital, pero, sobre todo, al calor de la mística militante después de pasar la noche haciendo vigilia en las calles del Congreso, volvimos a nuestras casas con más derechos para quienes siempre hemos sido relegadxs a la clandestinidad y la criminalización de nuestros cuerpos.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados debatió la ley por el derecho al aborto durante una jornada que tomó más de 20 horas, que con mucha alegría podemos decir que finalizó con la media sanción y que seguimos en lucha hacia su aprobación en el Senado de la Nación. Sin embargo, hay un proyecto profundamente transformador en materia de derechos en el que todxs lxs diputadxs, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto de Hacienda, en menos de una hora, encontraron un punto en común para dar el voto positivo de forma unánime.

La Ley Nacional de Atención y Cuidado de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como “El plan de los 1000 días”, fue presentado por el Poder Ejecutivo con la iniciativa de legislar la interrupción voluntaria del embarazo. Tiene la finalidad de preservar la salud física y emocional tanto de las personas gestantes como también de sus hijxs desde el embarazo y durante los primeros 3 años de vida. Garantiza también, de manera gratuita, la documentación inmediata a lxs recién nacidxs. Sus ejes principales son: salud integral, seguridad social, asistencia económica y derecho a la identidad. 

El cumplimiento de la salud integral comprende desde la cobertura de insumos básicos como medicamentos, vacunas, alimentos, etc. hasta el acceso a los estudios diagnósticos de manera gratuita. Se tiene en cuenta la diversidad de realidades y problemáticas de cada persona gestante, como por ejemplo los tratamientos por embarazos riesgosos o la creación de un protocolo para personas en situación de violencias por razones de género, como también para casos de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años donde se hará un seguimiento especializado para detección de posibles casos de abusos sexuales.

En cuanto a estos últimos puntos, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Nación, en articulación con todas las provincias, está llevando adelante diferentes políticas públicas que garantizan el acompañamiento y la contención necesaria para las personas en situación de riesgo por violencia de género que en aislamiento social debieron ser ampliadas o fortalecidas, (lo dije en Dejen de privatizarnos las violencias) como por ejemplo la Línea 144, y el Programa ACOMPAÑAR, creado en julio de este año. Este programa, creado desde el Estado nacional, brinda un acompañamiento económico equivalente al salario mínimo vital y móvil durante 6 meses.

Es necesario destacar la relevancia estratégica de que este proyecto se haya votado en conjunto con la Ley por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) para que funcionen de manera complementaria una con la otra y asegurar el mutuo cumplimiento una vez que, por fin, el aborto sea un derecho para todas las personas gestantes y que la salud integral no sea nunca más un privilegio de clase.

Como lo hemos demostrado en el 2018 y lo seguiremos sosteniendo: hasta que seamos libres de decidir sobre nuestros cuerpos, hasta que la maternidad sea siempre una elección desde el deseo, hasta que todxs podamos criar a nuestrxs hijxs en condiciones dignas y hasta que no haya ni una muerta ni presa más por abortar. Seguiremos en las calles exigiendo que sea ley. No vamos a quedarnos sentadas a esperar que todo cambie, porque cuando el daño es patriarcal, la sanación es feminista.